La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para la modificación de su ley de farmacia con el objetivo de mejorar algunos aspectos que mejorarán el funcionamiento de las oficinas de farmacia y que, además, servirá para suprimir los artículos que habilitaban a la realización de las subastas de medicamentos en la región.
En concreto, se ha iniciado un periodo de consulta pública previa para recabar la opinión de los interesados acerca de las mejoras a introducir en la actualización de la Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía.
Entre los problemas que se pretenden solucionar destaca “suprimir, por innecesario, el mecanismo actualmente previsto para la selección de medicamentos, que cuenta con carácter voluntario”. De este modo, es de suponer que con la modificación se procederá a la supresión de los artículos 60 bis; 60 ter; 60 quarter y 60 quinquies, que regulan tanto el proceso de selección de medicamentos y productos sanitarios, como los convenios a firmar y las obligaciones en el momento de la dispensación de los medicamentos incluidos en la subasta.
Más allá de las subastas, la modificación legal persigue mejorar otros aspectos en materia de ordenación, como en la “necesidad de promocionar” las oficinas de farmacia situadas en núcleos andaluces con menor población, a través de los concursos públicos para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia; “otorgar una mayor estabilidad” a las oficinas de farmacia adjudicadas ampliando el plazo de permanencia en ellas para poder transmitirlas por primera vez; o “facilitar que las transmisiones a realizar por los cotitulares de una oficina de farmacia no se vean afectadas por las transmisiones que pudieran realizar los restantes”.
Además, la norma también prevé cambiar la “insuficiencia, en algunos casos, del plazo exigido para transmitir de forma obligatoria la oficina de farmacia”.
En cualquier caso, es importante señalar que a menos de nueve meses para la celebración de las elecciones en Andalucía, lo que supone la disolución del Parlamento en los próximos seis o siete meses, la tramitación de esta modificación legal debe ser rápida para terminar todo el proceso en ese tiempo.
Nicolas Gonzalez Casares: