La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha confirmado, en el transcurso de una reunión con el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV), Luis Vañó, y el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de la Comunidad Valenciana (UDP CV), José Sanchís, que su Departamento está preparando un recurso de casación, tras el pronuncionamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declara ilegales las ayudas al copago, y ha mostrado su incredulidad por "el interés del Gobierno (las ayudas fueron denunciadas por la Abogacía del Estado) en perjudicar al millón de valencianos y valencianas que han dejado de pagar por sus medicamentos”.
No obstante, según un comunicado emitido por la Consellería, Montón ha trasladado a ambas organizaciones que las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico de la Generalitat "están plenamente vigentes y que se mantendrán en el futuro" y, en esta línea, ha insistido en reclamar al Gobierno la derogación del Real Decreto 16/2012, la medida a través de la que el Gobierno introdujo los copagos y excluyó del derecho a la atención sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud a las personas migrantes en situación irregular.
Durante la reunión, Vañó habría señalado que las ayudas frente a los copagos "son de una necesidad imperiosa en el colectivo de personas con discapacidad por la vulnerabilidad máxima que sufren respecto a la prestación farmacéutica y la adherencia a esta prestación". El representante del Cermi ha destacado que gracias a las ayudas "hemos visto como personas con discapacidad han podido mantener la medicación frente a su pluripatología". Por su parte, Sanchís habría subrayado que los pensionistas "son grandes consumidores de medicamentos y deberían tomarse medidas para que no salgan perjudicados" en su acceso a los fármacos prescritos por el servicio valenciano de salud.
Para Montón, tanto la recuperación de la universalidad como las ayudas frente al copago son "apuestas irrenunciables de este Gobierno dirigidas a revertir los recortes de derechos sanitarios" y ha recordado que la Comunitat Valenciana se encontraba entre las autonomías en las que más ciudadanos admitían no poder pagar medicamentos por motivos económicos, citando al Barómentro Sanitario del CIS de 2015. En este sentido, ha recordado que el número de tratamientos abandonados ha descendido en el periodo de enero a junio de 2017 un 37,8% comparado con las mismas fechas de 2015, antes de que estuviera vigente la medida.
Otras reacciones
Además de las reacciones de la Consellería y de los representantes de discapacitados y pensionistas, Diariofarma se ha acercado a otros grupos de interés para conocer su opinión sobre la decisión del TSJV de declarar ilegales las ayudas al copago. Por un lado, Sergio Marco, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, que no ha querido entrar a valorar el pronunciamiento, ha confirmado que, ocurra lo que ocurra, "la situación que se cree no va a afectar en nada a la oficina de farmacia", que firmó un convenio con el Consell para articular la gestión de las subvenciones. "Si le dan la razón a la Consellería, todo se quedará como está y, si no, habrá que modificar la forma de actuar actual, pero nada más".
Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, María Remedio Yáñez, que ya criticó estas subvenciones "por asumir la Consellería una competencia que no es suya" y porque los datos sobre el impacto del copago en la adherencia no les parecían "poco creíbles" (ver entrevista completa con la portavoz popular en Diariofarma), se ha reafirmado en sus opiniones. "Ya habíamos advertido que el RD estaba mal redactado y que podía conllevar la existencia de problemas de tipo legal. Es lo que ocurre cuando un Gobierno se mueve por puro electoralismo, ya que estábamos en vísperas de los comicios de 2015 y había que hacerlo todo rápido, sin madurar".
Yáñez insiste en que, según la interpretación de su Grupo, que habría sido refrendada ahora por los tribunales, "ni el Consell tiene competencias para legislar en este sentido, ni la figura de la subvención con criterio universalidad era la figura adecuada".
Nicolas Gonzalez Casares: