La relación que la Consejería de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana ha mantenido con los farmacéuticos ha atravesado distintos momentos de sintonía y distanciamiento. Del principio de la legislatura, con las buenas noticias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la firma del concierto o distintos convenios de colaboración se ha pasado a desencuentros por la asistencia a residencias o las guardias. La consejera Carmen Montón, no obstante, no cree que la relación entre ambas partes sea diferente. Así lo explica en una entrevista con Diariofarma.
Acceder a la primera parte de la entrevista: “Creemos que el Interterritorial es un decorado, no atiende reivindicaciones”
P. En los inicios de la legislatura hubo un entendimiento muy importante con los colegios de farmacéuticos y se alcanzaron importantes acuerdos, pero en los últimos meses hay algunos temas que se han atravesado, ¿qué valoración hace de la colaboración?
R. Mi valoración es excelente porque los Colegios de Farmacia y las oficinas de farmacia, han sido y están siendo factores principales y fundamentales en la recuperación de derechos en la Comunidad Valenciana. Lo materializan día a día a través de las ayudas frente al copago y con ellos tenemos muchos proyectos abiertos que, la verdad, merecen la pena. Veníamos de un clima del gobierno anterior en el que incluso hubo una huelga. Se les adeudaba cinco meses y era imposible llegar a cualquier acuerdo porque estaba roto el puente del diálogo. Nosotros firmamos el concierto de prestación farmacéutica nada más llegar al gobierno, estaba atascado desde el 2013 y estamos trabajando en otras cuestiones donde están siendo verdaderos protagonistas.
P. ¿Por ejemplo?
R. La instauración de la historia farmacoterapéutica única o del decreto que se está llevando adelante de la prestación de servicios. Son cuestiones muy importantes en la que ellos están siendo protagonistas. Estudiamos todas sus alegaciones, pero no siento que haya una relación distinta que la del principio, no todos pensamos lo mismo en todas las ocasiones, la relación es excelente y la consideración por esta Consellería también es buena.
P. Los COF señalan que hay una reclamación de intereses de 100 millones, además de una factura pendiente… ¿Qué les puede decir?
R. Viene todo de atrás, la Generalitat ha pagado por las sentencias 25 millones de intereses de demora nosotros, con ellos siempre hemos sido muy claros. Las ayudas frente al copago es algo que llevamos al día, puntualmente se está haciendo ese pago y el resto de la factura hay un mes de atraso que se está pendiente de poder tener una financiación adecuada y que la Comunidad Valenciana tenga la liquidez suficiente para poder hacer frente. Voluntad política hay, el mes pasado estuvieron en la Consellería de Hacienda, pero el condicionante es poder tener una liquidez adecuada, sobre todo, una financiación.
P. Otro de los temas que más problemas está causando es la atención a residencias, que la semana pasada tuvo una intervención en Las Cortes…
R. Fue a petición propia. Una intervención a petición propia es que estas muy orgulloso de lo que quieres ir a contar. Además es una cuestión que ha suscitado mucho interés y nos están pidiendo información otras comunidades autónomas porque les parece muy interesante. El principio es muy básico: dentro del derecho a la asistencia sanitaria nosotros también contemplamos la asistencia farmacéutica y ese derecho no depende del lugar donde esté el usuario, es un derecho propio de la persona. Por lo tanto lo que estamos haciendo es extender al 100% de las residencias de la Comunidad Valenciana el modelo que ya existe y que da más seguridad a los usuarios en la pública. Además, hemos tenido apoyo de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, también la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Alianza General de Pacientes…
P. ¿Cuáles son los beneficios?
R. Creo objetivamente que dar una atención individualizada, que el farmacéutico especialista valide ese tratamiento da más equidad haciéndolo en la pública, pero las plazas en las residencias públicas son muy pocas en la Comunidad Valenciana, un 20%. Va a dar más calidad y por tanto beneficia a los usuarios. Además tiene aparejada mayor eficiencia a través de la compra centralizada, eficiencia y por tanto un ahorro para la Generalitat de 13 millones de euros, pero también para el usuario, ya que el usuario que está en la residencia pública no está pagando el copago y el que está en la privada sí, por tanto rompe la equidad. Lo que estamos haciendo es un sistema que ya funciona en la pública y funciona bien, extenderlo al resto de las residencias.
P. Alguna de las críticas van dirigidas a la logística del proyecto, centralizado desde La Fe…
R. En estos momentos existe la tecnología necesaria, ayer lo dijimos en Las Cortes Valencianas, sacaremos la licitación que serán 10 millones de euros para toda la distribución y la preparación de blisters, por lo tanto no habrá ningún problema, hay experiencias como puede ser en Italia que han demostrado que funciona. Se ha pautado una implantación en tres fases. En octubre empiezan reuniones con los grupos de interés y el 1 de enero de 2018 empezaremos ya que quedará aprobada con la ley de acompañamiento. Creo que merece la pena y sobre todo habla de calidad y seguridad para el usuario.
P. Respecto a los servicios de urgencias también hay quejas por parte de los farmacéuticos, ¿cómo lo valora?
R. Nuestro objetivo es orientar el servicio al usuario, a la persona. En este momento nos encontramos, con una persona que tiene que ir a un punto de urgencia a un pueblo y tiene que ir a otro pueblo a la oficina de farmacia. Lo deseable y óptimo que consideraría el ciudadano es que en el mismo municipio estuvieran ambos.
P. ¿En el caso de pueblos limítrofes, se podrían establecer excepciones?
R. Nosotros somos muy razonables. Hay una Ley de Ordenación Farmacéutica que se cumple a rajatabla, y la planificación de las oficinas de farmacia y los servicios de guardia se establecen y va en función de los minutos y tiempo de desplazamientos entre oficinas de farmacia y el número de habitantes. Es un criterio muy objetivo, y si hay dos poblaciones que tienen dos oficinas de farmacia relativamente cerca es porque superan alguno de los dos criterios que se establecen.
P. Hace unos días han iniciado la tramitación del Decreto de Servicios en farmacia, ¿qué previsiones tienen para publicar el Decreto?
R. Ahora mismo está en consulta pública, finaliza el 28 de septiembre, luego tendrá que pasar por los diversos trámites. Aproximadamente tarda una media de 6 meses desde que lo iniciamos, ya que se está tramitando por urgencia.
P. Una de las cuestiones que se establece es que se elegirán servicios en función de su eficiencia, ¿es por plantear un pago a las farmacias como consecuencia de esos servicios o todavía no está definido?
R. Lo que viene a decir el Decreto es la metodología, y aunque no está publicada, sí que lo podrá en el objeto, es la metodología desde el diseño hasta la evaluación, si el servicio es coste-eficiente y si se demuestra se estudiará; si ese servicio está comprendido dentro de las funciones habituales del farmacéutico, por tanto está dentro del margen del beneficio que tiene el medicamento, o bien dentro de algún otro aspecto que haya que valorar. Inicialmente lo que se evalúa si es coste-eficiente y, dependiendo de la naturaleza del servicio, si ya está comprendido dentro de las funciones habituales o no.
P. ¿Y quién los diseñará? ¿Podrán los farmacéuticos ofertarlos o será la administración la que los determinará?
R. Si lo tenemos que pagar nosotros, lo tendremos que consensuar. En el desarrollo del Decreto está definida la metodología: quién y cómo se va a desarrollar y qué etapas se tienen que cumplir. La Comisión Central de Asistencia Farmacéutica tiene esa función entre las que tiene recogidas en el Decreto-ley de 2013. En ese ámbito, en el que están representado tanto los Colegios Farmacéuticos como la Administración se puede tener interés el estudiar y ver si es coste-eficiente para su concertación. .
P. Pero, ¿los Colegios podrán ofrecer algún servicio que se estén dando en otras comunidades autónomas y se piense que puede ser efectivo?
R. Si, se puede plantear y se puede estudiar, pero no es cuestión de plantear un servicio a la carta. Todo se estudiará.
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Nicolas Gonzalez Casares: