El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido un comunicado, con motivo de la celebración, el próximo día 4 de diciembre, de la votación, en el seno de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor Europeo, de la propuesta de Directiva sobre la aplicación de los test de proporcionalidad sobre las regulaciones profesionales. En él han subrayado el consenso entre las organizaciones colegiales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos y Médicos de España para solicitar la exclusión de las profesiones sanitarias de dicha aplicación.
En este sentido, recuerdan que "la legislación y la jurisprudencia europeas reconocen reiteradamente la especial naturaleza de las profesiones sanitarias y, para ello, cuentan con mecanismos regulatorios específicos para facilitar la prestación de servicios sanitarios y la movilidad de sus profesionales, excluyéndolas de normativas de carácter horizontal, como ocurrió en 2006 con la Directiva de Servicios". Por eso, dicen, "es incongruente e inadecuado que se aborde la evaluación de la proporcionalidad de forma general, sin tener en cuenta esta especial naturaleza".
Asimismo, defienden que "los requisitos que se exigen en el ámbito sanitario para el acceso a determinadas profesiones no pueden interpretarse como restricciones al ejercicio profesional, sino como medidas de protección para los pacientes", y también que "las decisiones relativas a la regulación de las profesiones sanitarias deben tener como objetivo la seguridad y la mejora de la calidad en la atención sanitaria al paciente, y que ésta no debe ponerse en riesgo por decisiones basadas en términos económicos".
Sobre la base de este análisis, las entidades colegiales consideran que "la reserva de actividad (título, colegiación/registro de los profesionales, desarrollo profesional continuo, deontología profesional, requisitos de cobertura de seguro, conocimiento de un idioma, etc.) aglutina elementos que se encaminan a garantizar la protección del derecho a la salud y la seguridad clínica", y que "cualquier regulación, tanto europea como nacional, debe contemplar la naturaleza específica de las profesiones sanitarias para garantizar los derechos de protección de la salud y seguridad clínica". Por eso, y a modo de conclusión, solicitan "la exclusión de los profesionales sanitarias de la propuesta de Directiva".
Antecedentes
Las últimas noticias al respecto de la redacción final de la propuesta de Directiva, que posteriormente tendría que ser votada en el Pleno del Parlamento Europeo, hace que se mantenga la incertidumbre en torno a la posición de la Comisión de Mercado Interior. En este sentido, cabe recordar la posición que mostró Irmfried Schwiman, representante de la citada Comisión, durante una jornada organizada por los representantes europeos de algunas de estas profesiones en el Parlamento Europeo el pasado mes de octubre.
En su intervención (ver información completa en Diariofarma), apeló apelando a las malas interpretaciones que se han hecho de la Propuesta de Directiva, y argumentó que ésta está "en línea con lo establecido con lo dictado en el Artículo 59 de la Directiva de Cualificaciones Profesionales (DE 2013/55/UE)", que obliga a los Estados miembro a enviar una relación detallada de las profesiones regladas, incluyendo las actividades cubiertas y una justificación de dicha lista, y a examinar si los requisitos de acceso a la profesión "no son ni directa ni indirectamente discriminatorios por razón de nacionalidad o residencia, si están justificados por razón imperiosa de interés general, o si se ciñen al cumplimiento de los intereses perseguidos, sin excederlos". En este sentido, afirmó que la intención ahora "no es decirles a los Estados miembro cómo tienen que regular sus profesiones, sino obligarles a que se pregunten honestamente una serie de cuestiones en relación con esa regulación y obtener respuestas que a día de hoy no estamos obteniendo". "Es una forma de que puedan anticiparse en la solución de sus problemas antes de que tengamos que intervenir", concluyó.
En la reunión también participó Remy Petitot, que actuaba en representación de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, la cual, tanto en su Proyecto de Opinión como en sus declaraciones públicas (ver información), ha defendido siempre la exclusión, argumentando que la razón por la que estas profesiones sanitarias están reguladas "es que no están enfocadas al negocio como cualquier otra, sino que hay una misión de servicio público a los pacientes".
Nicolas Gonzalez Casares: