La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) ha mostrado su disconformidad con la proposición de Ley General de Salud Mental, de Podemos, que recientemente ha sido admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. Entre otras cuestiones considera que la regulación que plantea en la administración de tratamientos farmacológicos “va en contra de todas las guías clínicas internacionales y del criterio de todas las agencias reguladoras”.
Concretamente, la SEP cita el artículo 16 de la proposición de ley en el que se reconoce que “cualquier tratamiento farmacológico potencialmente inadecuado en la clínica, así como la utilización preventiva de medicación neuroléptica o antipsicótica, sin sintomatología franca, deberá ser comunicado previamente a la Defensoría de la persona con problemas de salud mental.” A juicio de la sociedad científica, “se obvia que estos fármacos son eficaces” y además “pueden hacer creer, que los psicofármacos, en conjunto, no son menos eficaces que cualquier otro fármaco médico general”.
En ese sentido indican además que “es un hecho que la buena adherencia al tratamiento psiquiátrico se asocia, no solo con mejor control de la enfermedad, si no con menor riesgo de suicidio e incluso menor mortalidad general en enfermedades como la depresión, la esquizofrenia o el trastorno bipolar”.
Es por ello que la SEP, concluye que “este punto va en contra de todas las guías clínicas internacionales y del criterio de todas las agencias reguladoras”. Por ello la sociedad se pregunta si “se va a regular por ley en contra de los criterios de las agencias reguladoras, AEMPS y EMA” y también si esto “se haría en cualquier otra rama de la medicina”.
La cuestión farmacoterapéutica es uno de los muchos puntos de fricción que la SEP ve en esta nueva norma, sobre la que ha expresado ya sus primeras valoraciones antes de realizar un posicionamiento completo.
En opinión de esta ley “el problema principal es que, de aprobarse, conseguirá lo que, en teoría, dice querer evitar”, asegura la SEP en un comunicado.
De esta manera, considera que la norma plantea “la estigmatización de los trastornos mentales y de la salud mental frente a otras áreas de salud”. Según indica la sociedad científica considera que “el dar por sentado que las personas con trastornos mental deben recibir un trato distinto al del resto de personas, o que los profesionales de la salud mental, incluidos los psiquiatras, no hacen una buena labor o debe protegerse a la sociedad de los mismos, son todos ejemplo de estigma”.
Igulamente, al “no distinguir entre síntomas y trastornos mentales se conseguirá la psicologización y psiquiatrización de fenómenos que nada tienen que ver con los trastornos mentales como los define la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. La proposición de ley está “centrada en la pobreza, la opresión social, el patrono opresor, etc. está tan alejada de la práctica clínica habitual y de los problemas reales de las personas con trastornos mentales graves, que lo único que conseguirá será diluir las carencias actuales de la atención en salud mental con otros problemas de la sociedad, alejados de lo que se considera patológico”.
Por el contrario, aseguran que “no se habla en todo el documento de los trastornos mentales graves, que son los que ocupan el quehacer principal de la atención en salud mental de nuestro país, y los que sufren las carencias del sistema en número de profesionales: recursos intermedios, listas de espera, plazas de hospitales de día y centros de rehabilitación, políticas de integración en la vida laboral, etc”.
A modo de ejemplo indican que “se cita continuamente los malestares psicosociales y malestares de la vida cotidiana”, pero no se nombra ni una vez la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, las demencias o los trastornos obsesivos-compulsivos”
Todo ello, lleva a la SEP a preguntarse si la norma propuesta por Podemos, “busca realmente la prevención y el mejor tratamiento y cuidado de estas personas o se usa la terminología ‘salud mental’ para otros intereses alejados de las necesidades reales de las personas, y más cercanos a aspectos sociales, económicos y laborales del conjunto de la población.
En ese sentido, la proposición “está plagada de apriorismos falsos y contrarios a los datos y evidencia de años de investigación en este campo”. La SEP asegura que “la única vez que se hace referencia a dicha evidencia se habla de filósofos contemporáneos vinculados a sistemas filosóficos muy concretos. Lo que no hace más que reforzar la idea de que esta es una ley más del ámbito de la filosofía y sociología que de los trastornos mentales; al menos como los entiende la OMS y el resto del mundo civilizado”.
Una búsqueda detallada hace que se encuentre la palabra social 77 veces frente a 0 veces la palabra biopsicosocial (o ninguna vez la palabra cerebro, trastorno mental mayor, esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar, innovación, guías clínicas o terapéuticas, evidencia científica, estándares internacionales, etc.). Se intenta dar la impresión de que los trastornos mentales (aunque de lo que realmente se habla es de síntomas; “malestar subjetivo”), son producto de problemas sociales, dando una explicación reduccionista a un problema mucho más complejo.
Desde hace décadas, toda evidencia científica demuestra que cualquier trastorno mental tiene componentes biopsicosociales, y no solo de cada una de estas dimensiones. Desde la exposición de motivos, la Propuesta de Ley está impregnada de apriorismos no sustentados por la evidencia científica. Por ejemplo, cuando se afirma (pág. 2) que “Otros factores culturales, como la difusión de discursos individualistas que ponen el foco en la autoexigencia y en la hiperresponsabilización individual, obviando las causas y estructuras sociales, contribuyen a perfilar una sociedad del cansancio en la que las personas tornan en empresarias de si? mismas, como han diagnosticado algunos filósofos contemporáneos”.
Si fuera como aparece en el texto, los países más desarrollados tendrían menos (o simplemente no tendrían) trastornos mentales. Esto no solo no es cierto, si no que en muchos casos es lo contrario. La mortalidad por trastorno mental es mayor en el Reino Unido que en Bulgaria, hay más prevalencia de trastornos mentales en Francia que en Rumanía (OECD and Global Burden of Disease data, 2021).
Si los trastornos mentales fueran causados exclusivamente por aspectos sociales (pobreza, opresión, …) su aumento en estos últimos dos años hablaría muy mal de la gestión del Gobierno de España. Incluso hay patologías como los trastornos de la conducta alimentaria o las adicciones comportamentales que ocurren más en países desarrollados. No parece que niveles socioeconómicos altos protejan de dichos trastornos o influyan en la aparición de otros trastornos mentales graves.
Los estudios confirman, por ejemplo, que la incidencia de esquizofrenia es similar en países de distinto nivel socioeconómico, incluso el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene una prevalencia similar entre países, culturas y regiones del mundo cuando se controla por los diversos factores de confusión.
En suma, la Propuesta de Ley “está impregnada de aseveraciones que provienen de terrenos alejados a la atención clínica de los trastornos mentales, y confunde sistemáticamente la respuesta adaptativa del ser humano a las dificultades o la mera aparición de síntomas (cansancio, descontento, preocupación, malestar, etc.) con los trastornos mentales”.
En aspectos específicos, la SEP critica la aparición de términos confusos y critica como manera la norma el concepto del suicidio, incluido en el artículo cuatro. Se define el suicidio como “acto deliberado, voluntario y consciente realizado con la intención de quitarse la vida que acaba en muerte”. “Un acto voluntario”, obviando que las personas que mueren por suicidio lo hacen, en su mayoría, impulsadas por un estado mental alterado fruto de una patología que limita, modifica o anula su libertad de acción y voluntariedad, ya que en más de un 90% de los suicidios consumados puede demostrarse que existe un trastorno mental.
Varios apartados de la Propuesta de Ley se refieren a leyes de rango superior (Ley de Enjuiciamiento Civil) o de cómo se regula el uso de medicamentos en este país. Ejemplos de esto son las alusiones a las “personas referentes” o la “defensoría de la persona con problemas de salud mental”. De nuevo, el no diferenciar “síntomas”, “problemas” o trastornos, definidos por la OMS, llevaría a que toda persona en este país necesitara designar su “defensor”. ¿Ante qué?, de nuevo el estigma.
El artículo 22 es calificado por la SEP como “una antología a la contrariedad”. Se dice una cosa y la contraria en varias ocasiones. “Protección contra la psiquiatrización y medicalización del niño, niña y adolescente, promoviendo una atención orientada a la resiliencia desde los recursos comunitarios. Se prohíbe la medicalización preventiva.” Por cierto, ¿la medicalización preventiva de qué? ¿Se está criminalizando o acusando de algo a los profesionales de la salud mental (psiquiatras, psicólogos clínicos)?
Asimismo, “Se reforzarán los espacios de colaboración y coordinación entre los dos niveles asistenciales, compartiendo la responsabilidad de los cuidados profesionales entre atención primaria de salud y atención especializada, permitiendo dar respuesta a los llamados malestares psicosociales o malestares de la vida cotidiana y frenando los cada vez más frecuentes procesos de psicologización, psiquiatrización o medicalización de la vida cotidiana de las personas.” ¡Precisamente es la atención a los malestares de la vida cotidiana que sufre toda la población la que conseguirá lo contrario de lo que se quiere evitar, la psicologización de la vida cotidiana!
Finalmente la SEP asegura que “las personas con trastornos mentales de este país necesitan que se incremente, en los Presupuestos Generales del Estado, la inversión en la prevención y tratamiento de los mismos, asimilándolos al menos a la media de la Unión Europea; y que no se les estigmatice (ni a ellos ni a los profesionales de la salud mental) ni se les utilice para proponer leyes que conseguirán lo contrario de lo que en teoría se pretende conseguir”.
Nicolas Gonzalez Casares: