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La búsqueda por acortar los tiempos de acceso une a diferentes expertos

Miembros de la mesa ‘Acceso a los medicamentos de alto impacto económico en oncología’ de la VIII Jornada de debates en Farmacoeconomía e Investigación

CARLOS ARGANDA  |    27.01.2022 - 22:29

Acortar los tiempos de acceso de los pacientes a los medicamentos se está configurando como un elemento clave en la gestión de la prestación farmacéutica y resulta un problema que es visto de la misma manera por muy diferentes expertos del sector. Esta cuestión es, muy por encima del debate de la no financiación, la que más preocupa a los diferentes actores del sistema. Así se ha reflejado a lo largo de los debates que se han mantenido durante la mesa ‘Acceso a los medicamentos de alto impacto económico en oncología’ que ha tenido lugar en la ‘VIII Jornada de debates en Farmacoeconomía e Investigación’ organizada por el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Durante la presentación de la jornada, el gerente de La Paz, Rafael Pérez-Santamaría, ha reclamado la necesidad en avanzar en el acceso equitativo, así como en la optimización de recursos, aspecto que, no obstante, “no debe estar reñido con la mejor atención al paciente”. Por su parte, el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz, Jaime Feliu, ha justificado la necesidad de una jornada como la que han organizado al poner de manifiesto que en la última década “las necesidades sanitarias de la población crecen más rápido que los recursos y eso complica la toma de decisiones para el uso eficiente de recursos”.

La primera mesa de la jornada ha sido moderada por César Rodríguez, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca y por Olga Delgado, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Son Espases y presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Junto a ellos, han participado César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps); Sandra Flores, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío; Álvaro Rodríguez Lescure, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Elche e Isabel Pineros, directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria.

La presidenta de la SEFH ha querido destacar que actualmente estamos en un proceso de cambio “radical” de la manera de acceso a los medicamentos. Delgado ha puesto de manifiesto que, al contrario de lo que sucedía hace años, se ha diferenciado lo que es comercializar y financiar, así como también se ha diferenciado financiar de la forma de pago. Para ella es un “cambio cultural brutal” que conlleva muchas actuaciones y que en numerosas ocasiones provoca inequidades entre las comunidades autónomas. Delgado lo explica porque se trata de un “sistema joven que se está creando ahora mismo y aún no está maduro”.

Informes de posicionamiento terapéutico

En su intervención, el responsable de la Aemps, realizó un recorrido por lo que han sido los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) desde 2013 hasta la actualidad y aventuró que aún hay cambios por incorporar ya que desde la Unión Europea ya se está avanzando en la evaluación de tecnología sanitaria (HTA) a nivel comunitario. A este respecto, Hernandez consideró necesario la “neta separación” entre las evaluaciones clínica y económica, tal y como ocurrirá en la legislación europea, que se basa solo en el ámbito clínico. Para el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, es esencial ver todos los procesos en perspectiva y afinar aquellos que sean necesarios para “permitir que los productos que beneficien a los pacientes lleguen cuanto antes” ya que, de otro modo, sería un “fracaso”. A este respecto, Hernández señaló que el sistema provoca problemas de acceso tanto al inicio del ciclo de vida de un medicamento, como en la parte final y consideró necesario buscar soluciones para este problema.

En relación con la elaboración de los IPT, el representante de la Aemps señaló que en ocasiones les ha costado encontrar profesionales para participar en la elaboración de los informes a título personal, no como representantes de sociedades científicas. Como parte de la solución, planteó la necesidad de analizar la posibilidad de retribución para los profesionales que dediquen su tiempo a las evaluaciones.

Como consecuencia de la complejidad del entorno sanitario y farmacéutico y la importancia que cada decisión puede tener en relación con el acceso y otros ámbitos de interés, Hernandez alertó de que no se puede trabajar en silos ni pensar que las decisiones que se toman en un ámbito determinado no van a tener repercusión en otros.

Cesar Hernández también quiso destacar la importancia que tiene el impulso a la innovación en Europa tanto desde el punto de vista sanitario, como para generar un “entorno vivo para la investigación, el desarrollo y la economía” como forma de satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto.

Por su parte, la responsable de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío destacó que un nuevo medicamento “siempre es una oportunidad, no debería ser un problema”, lo que pasa es que “genera expectativas y va acompañado de incertidumbres”. Sandra Flores destacó, como hizo Olga Delgado en su intervención, que en los últimos años se ha cambiado el paradigma de que todo lo que se aprobaba, se financiaba. A este respecto, consideró que aún hay pasos que dar en cuestiones como la definición de la disposición a pagar por parte del sistema, así como avanzar en nuevas fórmulas de gestión para continuar avanzando en la eficiencia del sistema.

Para Flores, el Plan de Consolidación de los IPT es “un paso de gigantes”, que más allá de posicionar los medicamentos, “ha hecho que todos tengamos un lenguaje común”. Eso sí, señaló que, aunque los IPT son “la piedra angular de la toma de decisiones”, se mantienen estructuras locales, como las comisiones de farmacia para determinar el acceso a los medicamentos.

Falta de participación de las sociedades científicas

La visión de las sociedades científicas fue aportada por el ex presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que fue muy crítico con el papel al que se relega a estas entidades en la construcción de los IPT. Rodríguez Lescure denunció que, pese a que estos informes constituyen un “eje vinculante y regulatorio, así como base del proceso de financiación”, la publicidad y transparencia en los procesos de su elaboración “brillan por su ausencia”.

Además, este oncólogo denunció que los procesos de alegaciones a los IPT resultan tan inútiles que no permiten retirar de un borrador de un IPT una condición que, sin evidencia científica alguna, impide la utilización de un medicamento. Rodríguez Lescure puso el ejemplo del IPT de atezolizumab, que incluye entre los criterios de inclusión la ausencia de tratamiento previo con antraciclinas, algo que para él es algo casi imposible y “deja en papel mojado los acuerdos de pago por resultado”. Este experto también puso encima de la mesa las diferencias que se observan entre comunidades autónomas o incluso entre hospitales por el uso biomarcadores o incluso de medicamentos no autorizados, lo que genera diferencias que para él no son “de recibo”.

La mesa se cerró con la intervención de la directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria, quien puso el foco en la duración del procedimiento administrativo que supone la financiación y fijación de precio de los medicamentos. Para Pineros, la vinculación del IPT a la decisión de financiación y fijación de precio impide cumplir con los plazos establecidos en la ley, lo que para ella, “es un error que provoca retrasos” y además, podría no tener sustento legal ya que la norma establece solo aspectos científicos para la elaboración del IPT. En relación con los IPT, esta experta también planteó sus dudas acerca de los procesos de priorización para elaborar los informes ya que la ley también establece que el único criterio de prelación debe ser la fecha de inicio del procedimiento.

Pineros también reclamó mayor participación, y sobre todo más temprana, de las sociedades científicas, pacientes y laboratorios, en la elaboración de los IPT, al tiempo que denunció que “no se responde a las alegaciones presentadas”. Además, la representante de Farmaindustria señaló la falta de transparencia de los miembros de los nodos y los expertos participantes. Por otro lado, y en relación con la información clínica y económica, Pineros consideró que la evaluación del beneficio clínico “ha de ser realizada de forma independiente con participación de expertos en la patología concreta, sin apriorismos”.

Falta de transparencia y publicidad

Durante el debate posterior a las presentaciones, la publicidad y transparencia de los procesos de elaboración de los IPT centraron gran parte de las intervenciones. El representante de la Aemps reconoció que hay falta de contestación a las alegaciones, mientras que Rodríguez Lescure consideró que todo el proceso debería ser “público y transparente, con luz y taquígrafos desde el momento cero”. Para él esta ausencia de publicidad hace pensar en que existen conflictos de interés que no se declaran.

En relación con esta misma cuestión César Rodríguez señaló que todo el mundo, incluso las administraciones “tienen conflicto de interés”. Por eso, el oncólogo salmantino consideró necesario transparentar no tanto los nombres de los expertos que componen los nodos, sino al menos “la proporción de clínicos, gestores, expertos en farmacoeconomía, etc., que compone. los nodos, así como explicar cómo ha sido el procesos y criterios de selección o si han sido iguales en todas las comunidades autónomas”. Según él, “nadie sabe quién toma las decisiones y en base a qué criterios”.

El responsable de la Aemps se mostró convencido de que los nombres de los miembros de los nodos “se van a transparentar” y que, según él “es un paso que se va a dar, pero habrá que buscar fórmulas para manejar la presión”.

La farmacéutica del Virgen del Rocío también aceptó la necesidad de más transparencia, aunque no se mostró de acuerdo con los beneficios de exponer los nombres de los miembros de los nodos. “no sé si la sociedad es suficientemente madura para soportar la presión”, y coincidió con Hernández en que en algún momento “tendremos que empezar”. En cualquier caso Flores consideró que las comunidades autónomas, como entidades pagadoras, tienen derecho a elegir a sus expertos en los nodos.

Pineros centró su crítica a la transparencia en relación con los procesos. La representante de Farmaindustria señaló que “no hay un cronograma sobre los procesos”. Según dijo, las compañías “solo saben que se inicia el IPT y solo se le informa de la financiación”. En este punto volvió a incidir en la excesiva duración de los procesos y de la elaboración de los IPT, que en algunos casos superan los 400 días, tiempo durante el cual el acceso es muy diferente según las distintas comunidades autónomas

Para cerrar la mesa, Olga Delgado consideró necesario avanzar en el concepto de inequidad. Según ella, hay que valorar los resultados y no el acceso a un determinado medicamento. En cualquier caso, Delgado consideró que el debate generalmente se centra en los tiempos de acceso más que en las decisiones de no financiación y con respecto a los IPT señaló que hay tres problemas que también tienen esas mismas siglas: Inequidad, Participación y Transparencia

 


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