La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, considera que el modelo actual de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha ofrecido “buenos resultados en el ámbito de la farmacia” y, por tanto tienen “motivos” para seguir apostando por una composición que incluye a seis representantes de la Administración Central y dos de las comunidades autónomas.
Según la ministra, desde 2012, cuando el Gobierno del PP dio entrada a las comunidades autónomas en la CIPM, se han “ahorrado 6.600 millones con el esfuerzo de todos y por tanto creemos en el sistema vigente” ya que “el resultado ha sido positivo”. La ministra también ha querido destacar el papel del Consejo Interterritorial y ha asegurado que la voluntad de diálogo y colaboración por parte del Ministerio con las CCAA “es permanente”.
Montserrat respondía de este modo a la pregunta parlamentaria realizada por la senadora Nerea Ahedo, que había preguntado si el ministerio contemplaba la modificación de la composición de la CIPM y, en concreto, para incorporar de forma permanente al País Vasco en la misma. La razón para justificar una presencia fija es que la especificidad del régimen financiero vasco, regido a través del cupo, “implica que Euskadi corra mayores riesgos”, al igual que ocurre con la Comunidad Foral Navarra, ha señalado Ahedo.
La senadora ha recordado que es habitual centrarse en el envejecimiento y la cronicidad cuando se habla de la sostenibilidad del sistema de salud, pero, en su opinión, “su mayor determinante es el desarrollo tecnológico y farmacéutico”. Por ello, ha demandado trabajar en el uso racional del medicamento; en la prescripción eficiente y de calidad para que el paciente disponga de los mejores medicamentos en términos de eficacia, seguridad y coste, de manera que se refleje en mejoras en resultados de salud; así como en el necesario seguimiento del gasto farmacéutico.
Además, ha reclamado acuerdos de financiación de la innovación, de cara a mejorar los medicamentos; que el acceso a los mismos sea en tiempo y coste razonable, con precio marcado por mercado, por el grado de innovación real y por los resultados en salud y calidad de vida; así como disponer de la capacidad para decidir desinvertir en medicamentos obsoletos o sin evidencia de mejora en resultados de salud.
Nicolas Gonzalez Casares: