Política

Trescientos expertos reclaman la “inmediata creación” del HispaNICE

Más de trescientos profesionales del ámbito sanitario, investigadores académicos e instituciones han firmado un manifiesto en el que abogan por la “inmediata creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias”.

Más de trescientos profesionales del ámbito sanitario, investigadores académicos e instituciones han firmado un manifiesto en el que abogan por la “inmediata creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias”, que en términos coloquiales se ha conocido en los últimos años como lo que podría ser un HispaNICE, en referencia al organismo inglés.

Según los firmantes del manifiesto ‘Por un Hispa-NICE: ahora o nunca’, la pandemia de la covid-19 a ha puesto en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre las que se pueden encontrar “las relacionadas con la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro”.

De acuerdo al manifiesto, “nada de esto es nuevo” ya que “todos los sistemas de salud enfrentan la necesidad de valorar objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias, especialmente cuando en algunos casos estas intervenciones tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud”.

Por ese motivo, y de acuerdo con la experiencia que se ha desarrollado en diferentes países del mundo, y tomando como ejemplo el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Inglaterra, los firmantes del manifiesto se muestran “convencidos de que el SNS necesita imperiosamente una institución similar (un HispaNice) de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario, y de que la financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible para su creación”.

Un organismo tipo AIReF

Los expertos avanzan incluso cual sería su modelo ideal, que sería parecido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es decir, un ente con “personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para el SNS y para el conjunto de la sociedad”. Proponen hasta el nombre: Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias. Esta entidad sería la encarga de determinar “si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan” a partir del análisis de la evidencia científica disponible en cada momento.

Dicha Autoridad Independiente sería un “elemento imprescindible para informar, tomando como base el mejor conocimiento disponible, las decisiones a adoptar en la ordenación de los cambios y retos que afrontan los sistemas de salud, y constituiría una potente herramienta, como es visible en países de nuestro entorno, para optimizar los intrínsecamente siempre insuficientes recursos destinados a la mejora de la salud de la población”, recoge el manifiesto.

Los firmantes del manifiesto consideran que la creación de este organismo es “ineludible para garantizar que las recomendaciones sobre cartera de servicios y sobre intervenciones sanitarias estén basadas en la mejor evidencia científica disponible y en valores sociales consensuados”. De este modo, una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes “hacer lo propuesto y, si no, explicar las razones”. De este modo, según indican, “se informaría la decisión política, en ningún caso se la sustituiría, dado que la agencia propuesta carecería de facultades ejecutivas”. Eso sí, su funcionamiento debería “regirse por los principios de independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia de las opciones que se adopten y contribuyendo a la rendición de cuentas en las decisiones públicas”.

Esta nueva entidad, “completaría la valoración de eficacia y seguridad que realizan otras instituciones, como las actualmente desarrolladas por la Agencia Española del Medicamento y Productos sanitarios”. Además, “permitiría el trabajo en red conectando centros existentes de conocimiento experto a nivel central y autonómico, la academia y la industria sanitaria” y “exhibiría rigor y compromiso por parte de las autoridades sanitarias para la mejor definición y gestión de las prestaciones sanitarias, en consonancia con el trabajo de evaluación desarrollado por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud”, señala.

El manifiesto asegura que “el momento que vivimos exige reformas de gran calado y hace imprescindible apostar por una institución que contribuya decididamente a afianzar la solvencia del sistema sanitario público y a reorientar más eficazmente las políticas de salud” y ven en la financiación que puede venir de Europa una “oportunidad (…) única y previsiblemente irrepetible”. Por ese motivo, para estos 300 expertos, “ahora es el momento, no hay excusas”.

Firmantes

El manifiesto está firmado por reconocidos expertos del ámbito de la economía de la salud, la gestión sanitaria o la asistencia sanitaria. Entre ellos destaca Guillem López Casasnovas, que hace unas semanas empezó a impulsar este asunto. También se encuentran personas de prestigio como el ex consejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa; el presidente del Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica, Félix Lobo, así como los vocales del CAPF Jaume Puig Junoy y Marta Trapero; dos expresidentes de la Agencia Española de Medicamentos, como Fernando García Alonso y Cristina Avendaño; otros exconsejeros de sanidad o ex altos cargos del Ministerio de Sanidad; presidentes de diversas sociedades científicas y colegios de médicos, así como asociaciones como la Asociación de Economía de la Salud o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas)

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