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Montón pisa el acelerador: “Lo más rápido queremos tenerlo ya”

Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

CARLOS ARGANDA  |    11.06.2018 - 12:06

Parece claro que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, el Ministerio de Sanidad liderado por Carmen Montón, quiere que el cambio en las políticas se empiece a ver “ya”. Así lo ha trasladado la ministra de Sanidad en una entrevista en el El País, en la que asegura que “lo más rápido queremos tenerlo ya, y otras cuestiones que hay que empezar a hacerlas”.

Tal y como indica Montón, actualmente están “viendo qué es lo más rápido” y los tiempos que requiere realizar los cambios que van buscando. Esa velocidad que buscan se ha podido observar en los nombramientos de los segundos niveles de los ministerios. En concreto, en Sanidad, se ha nombrado al subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Justo Herrera, al secretario general de Sanidad, Ricardo Costa, y a varios directores generales, entre los que destaca la de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz. Esta situación contrasta con la vivida en 2011, cuando el PP ganó las elecciones, ya que, desde el nombramiento de los ministros, se tardó una semana en nombrar a Pilar Farjas secretaria general de Sanidad y un mes en cubrir con Sagrario Pérez Castellanos la dirección general de Cartera Básica. Y todo ello, pese a que las elecciones habían sido más de un mes antes y no había dudas sobre la formación de Gobierno dada la mayoría absoluta del PP.

Atentos, que llegan curvas... en muy poco tiempo

 

Esta velocidad que quieren imprimir a la toma de decisiones, de forma que el bloque de 180 diputados del Congreso no se enfríe y apueste por apoyar las medidas que lleve el Ejecutivo, se ha visto también en el fichaje de una gran cantidad de colaboradores próximos a Montón en la Consejería de Sanidad valenciana para el Ministerio de Sanidad. Igualmente, la velocidad ha hecho que, más allá del cambio de denominación del Ministerio, que pasa a ser de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, no se haya cambiado ninguna denominación más. A este respecto llama la atención la dirección general liderada por Lacruz, mantenga una denominación que hace referencia a una situación creada por el denostado y moribundo Real Decreto-ley 16/2012: la división de la cartera de servicios en común (troceada a su vez en básica, suplementaria y de servicios accesorios) y complementaria.

"Es más fácil destruir que reconstruir"

En cualquier caso, y volviendo a las palabras de Montón a El País, la ministra explica que, aunque quieren empezar a tener resultados cuanto antes, “es más fácil destruir una conquista, un derecho, como sucedió en 2012, que reconstruirlo”. En este sentido, es obvio que la decisión del Gobierno no puede ser derogar sin más el Real Decreto-ley 16/2012. Ni siquiera derogar los artículos que más deseen. Lo que deben hacer es articular un texto legislativo alternativo que no dé lugar a situaciones de indefensión jurídica y que, al tiempo refleje los cambios que Montón quiere incorporar.

Preguntada por el coste de medidas como el cambio en el copago o la universalidad, la ministra de Sanidad considera que “la exclusión no beneficia económicamente al sistema. Todo el mundo sabe que es más gravoso atender en urgencias y en hospitalizaciones que en primaria. Y en todo caso no es decente dejar a nadie en la cuneta”. Además, considera que en la Comunidad Valenciana “no supuso ningún sobrecoste y benefició a la salud pública”.

Además, no quiso quedarse en el cálculo de los 400 millones de coste del cambio de copago que realizó FEFE. Según la ministra de Sanidad, “hay que hacer otras cuentas”. Entre ellas, “cuánto cuestan al sistema las personas que abandonan el tratamiento por su coste”. En cualquier caso, Montón  ha asegurado en declaraciones a La Sexta, que ya ha iniciado conversaciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para asumirlo y se muestra “optimista” en que llevar a cabo estas medidas es “asumible” dada su experiencia en la Comunidad Valenciana.

Por último, considera que el diálogo con las comunidades autónomas “de todo signo político” es importante para su labor futura creando una “nueva etapa” de diálogo. Para ella, “el ministerio tiene que ser un facilitador de la Sanidad y los Servicios Sociales”.


 

 

 

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