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Lo más destacado de la política farmacéutica de las CCAA en 2018

FRAN ROSA  |    21.01.2019 - 12:28

En línea con el artículo-resumen que presentamos hace escasos días para hacer un repaso de lo acontecido, a nivel nacional y europeo, en lo que a política sanitaria y farmacéutica se refiere (ver información en Diariofarma), este periódico les presenta ahora un recopilatorio con la información más destacada relativa a las medidas y debates con mayor trascendencia de cuantos han tenido lugar en el ámbito de las comunidades autónomas.

Llama la atención, sobre otras cuestiones, el hecho de que son unas pocas CCAA (Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, principalmente) las que han concentrado un mayor volumen de noticias. Así, temas como las subastas, las cuestiones relacionadas con la prestación a centros sociosanitarios, o la atención farmacéutica a domicilio se han llevado la palma.

En las siguientes líneas podrán leer sobre estas cuestiones y algunas más, y hacerse una composición sobre la actividad que ha tenido lugar, autonomía por autonomía, en relación con las políticas para regular y ordenar la prestación farmacéutica.

Andalucía

Comenzamos el pasado año, 2018, con la noticia sobre la resolución (que en realidad había tenido lugar a finales de diciembre de 2017) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Andalucía a un recurso presentado por un farmacéutico particular, Santos Velasco Soto, contra el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 512/2015 de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios, declarando "la nulidad de pleno derecho de dicha disposición". Los motivos de la Sala eran formales y también de contenido, reconociendo la invasión de competencias estatales. Una segunda resolución, esta vez en respuesta a demanda interpuesta por la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), volvería a dar la razón en febrero a los demandantes, reconociendo, una vez más, la invasión de competencias.

En este mismo mes, la consejera de Salud, Marina Álvarez, cifraba en 540 millones los ahorros por la puesta en marcha de las subastas de medicamentos desde 2012. Lo hizo en una respuesta a una pregunta parlamentaria del PP en relación con el proceso abierto en las instituciones europeas, con una denuncia que, como contábamos en el resumen de política nacional y comunitaria, terminaría siendo desestimada. Álvarez seguía sin explicarse el especial interés de algunos sectores, incluido el PP, en este tema.

En relación con las subastas, las noticias se siguieron sucediendo a lo largo del año. En marzo, se producía la baja de tres nuevas presentaciones, por la renuncia al suministro de los laboratorios Francisco Durban y Aristo Pharma. No obstante, el Gobierno andaluz siguió celebrando concursos. Uno más en abril, el duodécimo, del que se cubrían el 44% de las presentaciones; otro en junio, y otro en septiembre. No obstante, el SAS reconocía en agosto el suministro deficiente de medicamentos de las subastas, que había superado el 50% en algunas ediciones, e incluso la consejera, consciente de la controversia y las quejas, mostraba su disposición a abordar, "desde la tranquilidad, la serenidad y la reflexión" cambios que pudieran mantener "los resultados de este sistema de ahorro" pero que, al tiempo, pudiera "responder a otras expectativas de los farmacéuticos y de los propios usuarios". En paralelo, las organizaciones que se habían mostrado en contra de esta medida, como Ceofa, mantenían su guerra en los tribunales

Álvarez abre la puerta a cambios en las subastas si se ahorra lo mismo

En otro orden de cosas, cabe recordar el anuncio relativo a la incorporación en el SAS, desde abril, del ‘sistema Flash’ y el sistema bomba sensor para la monitorización de la glucosa con el fin de mejorar el tratamiento y la calidad de vida de las personas diabéticas. O la celebración de Biospain en Sevilla, evento que aprovechó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para poner en valor al sector biotecnológico y la apuesta que se estaba haciendo por él desde las instituciones andaluzas. Diariofarma también informó de una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) avalando la conformación de lotes de medicamentos por ATC 5, quitando así la razón a Bayer Hispania, que había recurrido unos pliegos.

El año ha terminado con la celebración de elecciones en esta comunidad autónoma, un proceso que hemos seguido muy de cerca. En este sentido, queremos recordar el esfuerzo realizado por este periódico para presentarles los programas de las fuerzas políticas que han entrado en la contienda, una labor que hemos acompañado con las entrevistas a los portavoces de los principales partidos para temas de Sanidad (vea las entrevistas con Juan Antonio Gil, de Adelante Andalucía; con Isabel Albás, de Ciudadanos, y con Ana Mestre, del Partido Popular), exceptuando al PSOE, que declinó la invitación por motivos de agenda. Como seguro que ya saben, el proceso ha deparado un reparto de escaños que ha permitido un acuerdo entre PP, Cs y Vox para gobernar Andalucía, lo que parece confirmar el fin de las subastas, incluido en el acuerdo programático firmado por PP y Cs, al que se ha adherido Vox, con algunas condiciones. 

Andalucía: PP y Cs acuerdan revertir las subastas en los primeros 100 días

Aragón 

En Aragón, comenzamos el año entrevistando a la portavoz de Sanidad de Podemos en Las Cortes, Itxaso Cabrera, que hizo balance de la gestión del Gobierno socialista en materia de sanidad. En líneas generales, se quejó de la falta de valentía y de acción, aunque reconocía algunos avances en el uso de tecnologías, en la dotación de recursos y la provisión de asistencia a todas las personas sin distinción. Si se diera la misma coyuntura que en las pasadas elecciones, la diputada aragonesa aseguraba que su Grupo volvería a apoyar la investidura del PSOE para impedir un Gobierno del Partido Popular.

En el mes de junio, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, comparecía en las Cortes, a petición del Grupo Popular, para explicar algunas de las prácticas recogidas por la Cámara de Cuentas en su 'Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016', en el que la institución ponía de manifiesto la detección de "gastos irregulares, comprometidos sin tramitar expedientes de contratación ni formalizar los preceptivos contratos, incumpliendo por tanto lo establecido en los artículos 28 y 109 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)". Celeya explicaba "hay compras de medicamentos y de prótesis que no pueden dilatarse", y que el Departamento de Salud necesita articular procedimientos que les permitan adaptarse "al ritmo de aparición de las innovaciones". De hecho, avanzaba que, pese a que la nueva ley de contratos es más favorable para las compras en farmacia, "seguirá habiendo compras de prótesis y medicamentos que se harán de forma rápida porque hay pacientesque no pueden esperar a que pongamos en marcha un concurso".

El consejero dejaría el cargo poco después, no por esta cuestión, sino porque había decidido jubilarse, y dejaba paso a la nueva consejera, Pilar Ventura. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, compareció para anunciar la aceptación de la dimisión que le había presentado Celaya, y para poner en valor la trayectoria de la nueva consejera, que, como dijo, había ejercido este cargo, aunque en el Departamento de Innovación, con Marcelino Iglesias, y había ocupado una Dirección General en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aragón: Celaya deja el cargo y lo asume su ‘número dos’, Pilar Ventura

En octubre, aparecía una información confirmando la licitación del suministro de dietoterápicos a centros sociosanitarios, en el que Abbott, Adventia, Fresenius, Grifols Movaco o Nestlé aparecían como "empresas admitidas" de cara a un concurso al que se adhería un presupuesto de 4,8 millones de euros, IVA incluido, repartidos en 13 lotes.

Asturias

La Consejería de Sanidad de Asturias anunciaba en febrero la decisión de la Comisión Interdepartamental de Coordinación Sociosanitaria de dar luz verde al texto inicial del Plan Sociosanitario del Principado de Asturias 2018-2021, que comenzaba así su tramitación administrativa, que incluía un periodo de información pública. El objetivo, explicaban, era el de "ofrecer a la ciudadanía una atención más eficaz y personalizada", incluyendo para ello "la instauración de un modelo de atención farmacéutica a centros residenciales públicos de personas mayores". En un encuentro de expertos, celebrado en mayo por Diariofarma con el apoyo de Celgene y la participación de las autoridades autonómicas, pudo conocerse el papel clave que debían jugar los profesionales en este nuevo modelo.

Plan Sociosanitario de Asturias: los profesionales son el elemento clave

Ya en el mes de agosto, la Consejería asturiana anunciaba la puesta marcha de la Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Principado, un órgano colegiado de asesoramiento para, decían, "apoyar a la Administración en la toma de decisiones a cerca de la introducción, modificación o exclusión de técnicas, tecnologías o procedimientos, tanto en la práctica clínica como en la cartera complementaria de servicios".

Baleares

En lo que respecta a la actividad en política sanitaria y farmacéutica en Islas Baleares, hay pocas informaciones que destacar correspondientes a 2018. Una de ellas tiene que ver con la puesta en marcha de una campaña, por parte de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Farmacia de la Conselleria de Salud, para implicar a los ciudadanos en la información sobre las posibles reacciones adversas que pueden causar los medicamentos, destacando la importancia que tiene notificar estas respuestas nocivas para poder mejorar la seguridad de los fármacos.

Asimismo, en un encuentro organizado por el Centre de Recerca en Economía i Salut de la Universitat Pompeu Fabra, con el apoyo institucional de la Conselleria de Salut de las Islas Baleares y la colaboración de Novartis Oncology, la consellera, Patricia Gómez, dejaba constancia de la apuesta de su Departamento por la adopción de las innovaciones en el área de las terapias génicas, y puso como ejemplo la Unidad de Génetica y Genómica (Genib), asociada a la Dirección Asistencial del Servei Balear de Salut, que les permitirá, decía, "afrontar retos que en breve van a poder formar parte de nuestros modelos asistenciales, como las terapias con CAR-T".

Baleares se prepara para la irrupción de las terapias génicas

Canarias 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informaba en el mes de enero de la participación de su titular, José Manuel Baltar, en la inauguración del III Fórum sobre Vacunación de las Sociedades Científicas de Canarias, donde éste defendía la necesidad de dar información y formación sobre vacunas al público general y profesionales, información que fuera veraz, contrastada científicamente, con criterios de calidad y siguiendo patrones de referencia internacional, además de responder a los múltiples interrogantes que surgen sobre la vacunación.

Después, en junio, las autoridades canarias confirmaban la intención del Gobierno de implantar los sistemas de monitorización de glucosa para pacientes con diabetes tipo 1 (embarazadas, niños y adolescentes y personas con hipoglucemias leves) en el Servicio Canario de Salud (SCS). Así lo indicaron Baltar y la directora general de Programas Asistenciales del SCS, Elizabeth Hernández.

También se anunció la elaboración de un documento, por parte del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SCS), dirigido al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, bajo el título 'Participación de los pacientes en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias: manual metodológico', que pretendía servir de guía para el trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS), señalando la necesidad y el valor de la participación y colaboración activa de pacientes, cuidadores y usuarios para mejorar las decisiones en relación con éstas.

Finalmente, se confirmaba la creación de un Comité de Evaluación de Medicamentos de Alto Impacto, para informar y asesorar sobre la utilización terapéutica de los medicamentos de alto impacto.

Canarias creará un Comité de evaluación de medicamentos de alto impacto

Cantabria

En el caso de Cantabria, no se puede decir que las informaciones relacionadas con este ámbito hayan abundado en 2018. Cabe destacar, no obstante, la entrevista que le hicimos a María José Sáenz de Buruaga, presidenta del Partido Popular y diputada en el Parlamento de Cantabria, además de ex consejera de Sanidad, quien analizó la gestión del Gobierno de su comunidad autónoma en materia de sanidad y farmacia. En el primero de estos ámbitos, pedía mejorar la planificación y la situación de los profesionales sanitarios, además de una financiación adecuada, aunque descartaba que la suya fuera una región perjudicada por el actual modelo de financiación autonómica. En materia de farmacia, opinaba que se debería profundizar en la compra centralizada y avanzar en la integración de la botica en el SCS, aunque mostraba sus dudas sobre la posibilidad de remunerar los servicios profesionales de forma generalizada.

En mayo, diversos medios se han hecho eco de la dimisión del gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, así como del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González, una decisión que se habría producido como consecuencia de las sospechas de irregularidades en contrataciones realizadas por el SCS.

Dimite el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil

Castilla La-Mancha 

Un tanto más activo, a nivel informativo, fue el año 2018 en Castilla-La Mancha. En este caso, también arrancamos el ejercicio político entrevistando al portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Carlos Velázquez, que en su balance se  quejaba de la mala gestión de la Consejería y el Sescam en lo que respecta a la dotación de recursos y las listas de espera, mostrándose partidario de evaluar los distintos sistemas de control del gasto farmacéutico y abogando también, como sus colegas en otras CCAA, por una intensificación de la colaboración de la farmacia con el servicio de salud. En su opinión, la relación entre el Sescam y la farmacia representa "un modelo perfecto de colaboración público-privada al servicio de la salud pública".

Meses después, el presidente regional, Emiliano García-Page, anunciaba una iniciativa desde las Cortes de Castilla-La Mancha para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que acometiera una reforma en el copago. En su opinión, resultaba "absurdo" que hubiera "manifestaciones por la estabilidad de las pensiones y el mantenimiento de los servicios sociales" y todavía se mantuviera la vigencia del copago pensionistas, medida a la que calificaba como "un abuso".

García-Page pide al Gobierno el fin del copago: “Es un engorro y un abuso”

En línea con lo que estaban haciendo otras CCAA, algunas de ellas gobernadas también por el PSOE, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha informaba de la financiación de los dispositivos de monitorización de glucosa para un total de 540 jóvenes diabéticos de la región. Lo confirmaba el consejero, Jesús Fernández, durante una visita al campamento de verano para jóvenes diabéticos que organiza la Asociación de Personas con Diabetes de Valdepeñas (Adival).

Ya en diciembre, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas abría una consulta pública previa a la reglamentación de la Comisión Regional de Uso Racional del Medicamento, un órgano colegiado que se quiere crear con el objetivo de de coordinar "las diversas comisiones existentes en los centros", y que, así, "los distintos instrumentos elaborados por las mismas alcancen un nivel de homogeneidad que permita la adecuada elección de las terapias farmacológicas a emplear, atendiendo al consenso de los profesionales, y a criterios de eficaciaseguridad, adecuación y eficiencia".

Castilla y León

En lo que respecta a Castilla y León, cabe decir que la mayoría de las informaciones que han tenido lugar a lo largo de este año se han concentrado, sobre todo, en el último tramo del año. Más allá de la participación de Sáez Aguado en la declaración conjunta de varios consejeros al anterior Gobierno, el liderado por el Partido Popular, para reformar el modelo de financiación autonómica, cabe destacar las declaraciones del titular de Sanidad, en un encuentro sobre biosimilares de la Fundación Gaspar Casal y Sandoz, indicando una penetración de estos productos en esta comunidad autónoma del 43% en agosto, comprometiéndose además a mantener la apuesta por potenciar su utilización para mejorar el acceso a través de la formación a profesionales.

Ya en octubre, entrevistábamos a Manuel Mitadiel, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, que criticaba la falta de personal en diversas áreas, la cual afecta especialmente, decía, al mundo rural, y, aunque no confiaba en que un aumento de las transferencias solucione el problema, creía que posiblemente serviría para aliviarlo. En materia de farmacia, opinaba que la gestión del Gobierno es bastante buena, y destacaba esa apuesta por los biosimilares que ponía en valor Sáez Aguado, así como la necesidad de abordar la llegada de innovaciones de alto coste a nivel nacional.

Para cerrar el año, Diariofarma informaba de que Castilla y León se convertiría en la primera comunidad autónoma en incluir en su calendario vacunal la tetravalente de meningitis para ACWY, tras la aprobación de una orden que daba luz verde al ‘Calendario oficial de vacunaciones sistemáticas a lo largo de la vida de las personas’ de Castilla y León, que vendría a complementar las prestaciones contenidas en el calendario común de vacunación anunciado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del 15 de noviembre de 2018.

Castilla y León, pionera en incorporar a su calendario la vacuna Men ACWY

Cataluña

En Cataluña, como es sabido, el año ha sido convulso a nivel político. No tanto por cuestiones relacionadas con la sanidad y la farmacia, sino por el conflicto que sigue abierto en relación con la cuestión territorial. No obstante, también se han producido noticias en relación con la gestión sanitaria, como fue la elección de Alba Vergés, de ERC, como consejera de Sallud, en sustitución del perseguido Toni Comín. La llegada de Vergés trajo, a su vez, cambios en el CatSalut, al frente del que se puso a Adrià Comella, en sustitución de David Elvira.

Quim Torra nombra a Alba Vergés nueva consejera de Salud de Cataluña

Siguiendo con los nombramientos, el Departamento de Salud confirmó posteriormente el de Josep Maria Argimon, hasta ahora subdirector del CatSalut, que había ejercido como director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña (2012-2016); gerente de Planificación, Compra y Evaluación del CatSalut (2008-2012), y jefe de la División de Evaluación de los Servicios Asistenciales de la misma institución (2004-2008), como nuevo director gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), relevando en el puesto a Candela Calle, que se quedaba al frente, en exclusiva, del Instituto Catalán de Oncología (ICO).

Ya en junio, entrevistábamos a Caridad Pontes, gerente de Armonización Farmacoterapéutica del CatSalut, que nos contaba los detalles de la actualización del 'Procedimiento de Evaluación del Programa de Armonización Farmacoterapéutica', que aplica al CatSalut y al Siscat, y hacía balance de lo conseguido tras la primera versión, en junio de 2017. Hasta el momento, y pese a la complejidad del proceso, la experiencia estaba siendo satisfactoria a todos los niveles, decía (ver entrevista completa).

Finalmente, cabe destacar la comunicación que hicieron la Federación de Asociaciones de Farmacia de Catalunya (Fefac) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Barcelona, anunciando, tras ocho años de comenzaran las primeras dificultades, el fin de los retrasos en el pago a las farmacias catalanas.

Comunidad Valenciana

Desde el comienzo de 2018, la Consellería de Sanitat Universal mantuvo un perfil alto en lo relacionado con el copago. La titular del Departamento, Carmen Montón, defendió en varias ocasiones su política de ayudas frente al copago para garantizar el acceso a los tratamientos. Esto se plasmó en la presentación de un Proyecto Ley de Modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, para "corregir las carencias" aquella y, entre otras cosas, ahondar en "la equidad farmacoterapéutica, con el objetivo", señalaba Montón, "de que todas las personas reciban una prestación farmacéutica integral, continua, óptima, de calidad, segura y eficiente".

Otra de las batallas de Consellería, concretamente de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, encabezada por Patricia Lacruz, fue la puesta en marcha del programa para la prestación farmacéutica a residencias, ResiEQIFar, un proyecto que se enfrentaba a la suspensión cautelar, por parte parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), en lo relacionado con los suministros de SPD. Para hacer frente a los obstáculos que se ponían al proyecto por parte de los representantes de las oficinas de farmacia, la Consellería decidió regularlo a través de un decreto. El Proyecto de Decreto se hacía público en abril (ver información publicada por Diariofarma), y se abría un plazo de siete días para formular alegaciones. Junto a ResiEQIFar, se había presentado DomiEQIFar, el programa de atención farmacéutica domiciliaria, que se extendía en junio al Departamento de salud de Arnau de Vilanova-Llíria a partir del próximo mes de junio, ampliando así el proyecto que se había estado pilotando desde enero en el Departamento de Alcoy con la participación de 12 oficinas de farmacia.

Otra de las apuestas explicitadas por Montón fue la de la promoción del uso de los medicamentos genéricos en la región, con la puesta en marcha de un plan, a lo largo de los meses de marzo y abril, con acciones para impactar tanto en el nivel de conocimiento por parte de la ciudadanía, como en los profesionales sanitarios en el momento de la prescripción y en el de la dispensación.

Con la elección de Montón para ejercer el cargo de ministra de Sanidad en el Gobierno liderado por Pedro Sánchez a nivel nacional, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se vio obligado a recomponer el equipo de este Departamento a nivel autonómico. Eligió a Ana Barceló como nueva consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, quien a su vez decidió que José Manuel Ventura era la persona más indicada para sustituir a Patricia Lacruz, que acompañó a Montón en su tránsito al Ministerio, en Farmacia. Pese a que Barceló prometió continuidad en su toma de posesión, pronto se vieron cambios en la orientación de algunas políticas. Muestra de ello fue el viraje que dio con ResiEQIFar, abriendo la puerta a la participación de la farmacia y apaciguando así la relación con los representantes de la profesión.

El nuevo Resi-EQifar de Barceló abre la puerta a la farmacia comunitaria

En línea con lo realizado en otras CCAA, Diariofarma se acercó a los partidos de la oposición para que hicieran balance de la gestión del Gobierno en materia de Sanidad. En el caso de la Comunidad Valenciana, fue Juan Córdoba, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en las Cortes, quien se encargó de dicho balance, criticando del anterior equipo, el liderado por Montón, el que se moviera, decía, por criterios ideológicos. En la entrevista criticó la recuperación de la universalidad y el rechazo a la sanidad privada, así como la supuesta unilateralidad en la puesta en marcha de Resi-EqiFar, el modelo de atención farmacéutica a residencias. De la nueva consellera destacaba su carácter dialogante.

Para terminar el año, el Pleno del Consell de la Comunitat Valenciana aprobaba, a mediados de octubre, el decreto por el que se regulan los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales concertados, así como la acreditación de las oficinas de farmacia para prestar dichos servicios en esta comunidad autónoma.

Extremadura

En lo que respecta a Extremadura, cabe destacar la participación de su consejero de Sanidad, José María Vergeles, en un encuentro organizado por Executive Forum España, en el que mostró su compromiso para pedir la devolución de algunos medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) a la oficina de farmacia y defendió un cambio en el modelo de remuneración. También lanzó algunas propuestas a la industria en materia de fijación de precios, punto en el que aseguró que en esta comunidad autónoma están "abiertos a negociar techos de gasto y acuerdos de riesgo compartido".

Posteriormente, en el mes de julio concretamente, Ceciliano Franco, director gerente del Servicio Extremeño de Salud, explicaba, en una entrevista con Diariofarma, la nueva Estrategia de Prevención y Atención a Personas con Enfermedades Crónicas en Extremadura, orientada a reordenar los recursos existentes para el abordaje de estos pacientes, fomentando la formación y la participación comunitaria en las decisiones de salud, así como la comunicación entre niveles asistenciales, entre otros aspectos. Incluía, también, la revisión de la medicación para evitar medicamentos innecesarios, aunque a la farmacia no se le reservaba ningún papel en concreto.

En pleno mes de agosto, el SES anunciaba también la puesta en marcha la Oficina de Información y Evaluación del Medicamento, un organismo para evaluar e informar sobre la eficacia y la importancia clínica de los fármacos. Concretamente, iniciaba su actividad informando sobre diez nuevos medicamentos, principalmente oncológicos, y Vergeles anunciaba que su desarrollo llevaría a la evaluación de otro tipo de fármacos y sus interacciones con otros medicamentos. 

Extremadura pone en marcha su Oficina de Evaluación de medicamentos

Junto a estas medidas, la Consejería de Sanidad extremeña anunciaba la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de incorporar a la cartera de servicios del Servicio Extremeño de Salud (SES) el sistema flash de monitorización de glucosa para pacientes con diabetes tipo 1 y con edades entre 4 y 18 años, con un coste aproximado de 1.078.291 euros por tres años. Asimismo, se firmaba un nuevo concierto con los COF, que incide en la atención farmacéutica. Por último, cabe destacar la defensa que hizo Vergeles de los biosimilares, durante una jornada, animando a los facultativos a que prescriban estos productos, porque, dijo "tienen evidencia científica". Noviembre

Para concluir con esta autonomía, cabe recordar la entrevista que hicimos a José María Saponi, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, que observó, como problema principal de la gestión del Gobierno regional, el déficit de personal. Además, aseguró que echaba de menos una actuación más efectiva en materia de uso racional de los medicamentos, así como una mayor integración de las oficina de farmacia en el sistema sanitario. Para él, el conflicto competencial con Enfermería, abierto a finales de año con motivo del Proyecto de Ley de Farmacia en Madrid, debía resolverse buscando en la escala de grises.

Galicia 

En Galicia comenzaban el año con la publicación de un proyecto de Decreto para modificar el 146/2001, de 7 de junio, sobre planificación, apertura, traslado, cierre y transmisión de oficinas de farmacia. Se abría así el plazo para presentar aportaciones a una nueva norma que establecía, entre otros aspectos, un nuevo baremo que venía a priorizar la experiencia profesional en oficina de farmacia como elemento valorable.

Junto a este medida, el conselleiro de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, presentaba a comienzos de año en el Parlamento el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 8/2008 de salud de Galicia, con la que pretendían una mejora de la atención a los pacientes, a los que, además, que, además, iban a ganar voz. El titular de Sanidad ponía en valor, también, las reuniones mantenidas con todos los agentes y colectivos implicados, profesionales del Sergas, colegios profesionales de médicos, farmacéuticos, enfermería, veterinarios, odontólogos y fisioterapeutas, y en otros ámbitos, con alcaldes y portavoces municipales y foros de ciudadanos, para dar con un texto consensuado.

Cabe recordar, además, que esta comunidad autónoma, concretamente en Vigo, Diariofarma celebró, con la colaboración de Teva y de diferentes COF provinciales, un encuentro para abordar, con la participación de las autoridades, distintos asuntos de interés, como la problemática de los desabastecimientos, el nuevo sistema de verificación (Sevem), la situación de los genéricos o los servicios profesionales desde las farmacias, pasando por la polémica generada por el sector de Enfermería. Este ciclo de encuentros ha sido titulado ‘Las claves que afectarán a la farmacia’.

Vigo acoge la jornada sobre ‘Las claves que afectarán a la farmacia’ en Galicia

En relación con esta autonomía, cabe hacer mención, también, a la entrevista que realizamos a Julio Torrado, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, que denunciaba una acusada falta de recursos humanos y advertía de las posibles consecuencias para la accesibilidad de la reforma de la Ley de Salud que estaba promoviendo el Gobierno, sobre todo en poblaciones más pequeñas. En materia de farmacia, se quejaba de falta de transparencia y llamaba a una mayor integración de las boticas en el Sergas.

La Rioja

El Servicio Riojano de Salud hacía público, a comienzos de 2018, su Plan de Actuaciones para el pasado ejercicio, con la intención de seguir desarrollando el III Plan de Salud de La Rioja, la Estrategia de cronicidad y el Plan Estratégico de Salud Mental, así como fortalecimiento la Atención Primaria y el trabajo colaborativo entre niveles asistenciales, tal y como detallaron la consejera de Salud, María Martín, y el director del Área de Salud, Jose Miguel Acitores.

Meses después, en encuentro para profesionales sanitarios organizado por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) en Logroño con el apoyo de Celgene y Pfizer, la consejera avanzaba que la medición inicial de resultados ligados al plan regional de atención a pacientes crónicos estaba sirviendo ya para avalar la utilidad de la estrategia "en términos de calidad mejorada de la asistencia".

La medición de resultados avala el plan de crónicos de La Rioja

Días después, a finales del citado mes, presentaban el I Plan Estratégico de Innovación Sanitaria de La Rioja. Lo hacía, concretamente, Martín, acompañada del director gerente de la Fundación Rioja Salud, Javier Aparicio, y el director de Innovación Sanitaria, Juan Carlos Oliva, y definían los principales objetivos del mismo, que sería desarrollado en el periodo 2017-2022. Entre otras actuaciones, planteaba fortalecer al paciente en el cuidado de su salud mediante actuaciones en materia de prevención; evolucionar hacia un sistema que contemple todos los condicionantes del entorno del paciente, tanto a nivel sanitario como social y emocional; un mejor aprovechamiento de los recursos; mejorar la seguridad de las actuaciones, y dotar al sistema de un sistema de innovación abierto y sostenible en el tiempo. Asimismo, se aludía a la implantación del módulo de prescripción ambulatoria único en Atención Primaria y Especializada, ya en funcionamiento, que garantizaría una mejor coordinación entre los dos niveles asistenciales.

Finalmente, cabe recordar la entrevista que realizamos a Nuria del Río, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja, que llamaba la atención sobre una situación supuestamente insostenible de las listas de espera y el personal, que habría derivado en una pérdida de la calidad asistencial. Como solución, proponía reinvertir en el Servicio Rioja de Salud los recursos que se estaban invirtiendo en la concertación de servicios. En farmacia, defendía la compra centralizada y la promoción de los genéricos, y dejaba la puerta abierta a una intensificación de la integración de la farmacia en el sistema sanitario.

Madrid 

La Consejería de Sanidad de Madrid ha centrado en la farmacia algunas de las medidas más importantes en lo que va de legislatura. Una muestra de ello ha sido la tramitación de la Ley de Farmacia, que ha seguido un proceso bastante accidentado que muy posiblemente no acabará en buen puerto. El consejero, Enrique Ruiz Escudero, explicaba, en una entrevista con Diariofarma, las claves de ese proyecto legal, en el mismo momento en el que cumplía sus primeros cien días en el cargo. El proceso continuó con la comparecencia del presidente del COF de MadridLuis González, ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, donde pidió a los diputados el apoyo a este nuevo marco para "mejorar la actividad, disminuir la intervención administrativa, y proporcionar a los pacientes todos los recursos disponibles públicos y concertados, de forma ordenada, estimulando la cooperación interprofesional".

En septiembre, la Comunidad de Madrid anunciaba la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del Proyecto de Ley de Farmacia, que decían, "incluye distintas medidas para fomentar la labor asistencial del farmacéutico como agente de salud. El anuncio suscitó una reacción inmediata del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem), que iniciaba su “campaña de oposición” contra el Proyecto de Ley de Farmacia de Madrid, por considerarlo "una invasión y una vulneración de competencias", un extremo que negaba el COF (ver información). No obstante, el conflicto suscitado fue suficiente para suscitar movimientos a nivel político, como fueron las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos, con la atención farmacéutica domiciliaria como principal argumento en contra. En proceso de alegaciones parciales participaron ambos partidos, también, además de Ciudadanos, que finalmente daría su apoyo a la Ley del PP. 

La Ley de Farmacia de Madrid encara la fase de tramitación parlamentaria

En medio del debate, además, la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ordenaba "el cese inmediato de la actividad" y el programa de Atención Farmacéutica Domiciliaria que venía llevando a cabo la oficina de farmacia del municipio madrileño de El Boalo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad desde 2015, tras una denuncia interpuesta por Enfermería. El COF no daba crédito a lo sucedido, y defendía públicamente la legalidad del programa de intervención y anunciaba que las farmacias no iban a dejar sin atención a los pacientes que la necesitaran.

En esta comunidad autónoma se presentaban también, por parte del consejero, diversas estrategias para abordar, de forma centralizada y transversal, el trabajo de los profesionales en cada patología. Estos planes incluirán una capítulo sobre el uso de los medicamentos. En la citada entrevista con Diariofarma, Ruiz Escudero defendía la necesidad de llevar a cabo una acción estratégica en la línea de financiar aquellos fármacos con un resultado farmacoterapéutico óptimo. Asimismo, se daban los primeros pasos para la puesta en marcha de una Estrategia Regional de Terapias Avanzadas. 

Cabe destacar, también, algunos movimientos en la Consejería. Así, en mayo se cesó a Manuel Molina como viceconsejero y a César Pascual como director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, siendo el primero de estos puestos ocupado por Fernando Prados, y el segundo, por Antonio Alemany. La vacante que dejaba Prados al frente de la Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria era ocupada por Diego Sanjuanbenito, ex portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Meses más tarde, Elena Casaus, que venía de ejercer como directora asociada de Public Policy & Government Affairs en MSD, era nombrada como nueva directora general de Gestión Económico-Financiera del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en sustitución de José Ramón Menéndez Aquino, que había cesado a petición propia.

De la información relativa a la Comunidad de Madrid, habría que rescatar también la entrevista que hicimos a Enrique Veloso, portavoz de Sanidad del Grupo Ciudadanos en la Asamblea, quien criticaba, principalmente, la falta de desarrollo de unos indicadores de calidad que sirvan para medir los resultados que se están consiguiendo. Además, acusaba al Ejecutivo regional de incumplir varios puntos del acuerdo de investidura relacionados con la gestión sanitaria, lo que le hacía dudar de si tendría sentido reiterar ese apoyo en caso de que se repitan las mismas circunstancias. Un apoyo que, vistos los últimos movimientos en Andalucía, parece más que garantizado.

Murcia

En línea con esta batería de entrevistas a portavoces de la oposición, que se han repetido durante el año, en Murcia hicimos lo propio, a comienzos de 2018, con la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea, Consuelo Cano, que hablaba de una falta de financiación persistente, la cual, en su opinión, lo estaba condicionando todo: listas de espera, reorientación de recursos hacia AP, política de recursos humanos, etc.. En el ámbito farmacéutico, apelaba a una mayor coordinación entre comunidades autónomas y actuaciones a nivel nacional, dejando entrever la escasa capacidad de autonomías como Murcia para negociar con la industria. También abogaba por buscar la fórmula para una mayor integración de la farmacia en el SNS, de cara, sobre todo, abordar con éxito el reto de la cronicidad.

En febrero, aparecía en el Boletín Oficial de la Región el 'Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Salud, y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en el ámbito de la evaluación de medicamentos', con el que se establecía "un marco de actuación para la colaboración de las partes en el intercambio de metodologías de trabajo, conocimiento y reconocimiento mutuos, en el ámbito de la evaluación y toma de decisiones en materia de medicamentos de uso humano". Sin duda, un punto que se marcaba la SEFH.

La Consejería de Sanidad de Murcia recogía también en los acuerdos de gestión firmados en las diferencias gerencias de salud los objetivos planteados en relación al uso de diferentes tipos de medicamentos, tanto por patologías como de forma transversal. En esta última categoría destacaba el impulso que la región quiere realizar en biosimilares.

Murcia impulsa los biosimilares en sus acuerdos de gestión y se olvida el EFG

En el caso de Murcia, también entrevistamos a María Ángeles García, portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea, quien destacaba la alta variabilidad en la calidad de la atención que se presta en las distintas áreas de salud y abogaba por un estudio de necesidades y una planificación adecuada a ellas. Ponía de relieve, también, la infrafinanciación que sufre la sanidad murciana, y defendía la participación de los pacientes en condiciones de igualdad en la toma de decisiones, y también de los profesionales sanitarios. En materia de medicamentos, abogaba por debatir los posibles beneficios de una subasta de medicamentos y apostaba por un modelo mixto de remuneración a las farmacias, que tenga más en cuenta los servicios que aportan y no solo su volumen de ventas.

Navarra 

En lo que respecta a Navarra, cabe recordar la publicación, por parte del Servicio Navarro de Salud (SNS)-Osasunbidea, de un documento con datos sobre el 'Plan de Uso Racional del Medicamento 2017-2019' puesto en marcha por esta comunidad autónoma, poniendo negro sobre blanco algunos de los principales indicadores relacionados con su nueva política farmacéutica.

Navarra detalla y pone cifras a su Plan para un uso racional de medicamentos

El Gobierno autonómico informaba también, en abril, de la iniciación de tratamientos para dejar de fumar por parte de 1.700 pacientes, tratamientos que habían comenzado a financiar desde diciembre de 2017. La prescripción de estos tratamientos, explicaban, está vinculada al seguimiento de los pacientes en consulta individual o a su participación en talleres educativos grupales de deshabituación tabáquica promovidos en los centros de salud, a fin de elevar la posibilidad de éxito del proceso.

Sergio Sayas, portavoz de Sanidad de UPN en el Parlamento de Navarra, analizaba, en una entrevista con Diariofarma, la gestión del Gobierno autonómico, quejándose de falta de coherencia y de un verdadero plan. En farmacia, además, aunque valora bapositivamente la apuesta por la compra centralizada o los biosimilares incluida en el Plan de Uso Racional, mostraba su desacuerdo con el modelo que ha propuesto el Ejecutivo navarro para la prestación a centros sociosanitarios.

En julio, el Departamento de Salud de Navarra anunciaba la firma de un convenio con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), para promover la cooperación mutua en materia de participación, desarrollo profesional y gestión del conocimiento de esta especialidad, y también aras, explicaban, "de avanzar en la estrategia para un uso racional y seguro del medicamento y promover la calidad del sistema público de salud de la Comunidad foral". Salud confirmaba su intención de impulsar "el liderazgo clínicos" de los FH, así como su participación e implicación "en la gestión de los procesos asistenciales y en el uso racional de los recursos públicos", lo cual es esencial, decían, "para garantizar que las generaciones futuras puedan seguir gozando de un sistema sanitario público universal y de calidad". Además, hacían una mención explícita a la promoción de "un modelo de atención integrada, proactiva y personalizada, que reduzca la variabilidad de la práctica clínica y favorezca el logro de mejores resultados en salud".

Cerrábamos el año con una entrevista a la portavoz de Sanidad del Partido Socialista, María Chivite, quien ponía el acento en la falta de coordinación en el espacio sociosanitario y la lentitud en la incorporación de nuevos modelos de atención no presencial, así como en la persistencia de listas de espera elevadas y de la interinidad. En lo que respecta a la farmacia y el medicamento, opinaba que el Plan de Uso Racional impulsado por el Gobierno no había terminado de dar los frutos esperados, al menos en este 2018, y también que se podría aprovechar más a las boticas como servicio público que son. No obstante, creía que el modelo actual de atención domiciliaria y seguimiento farmacoterapéutico, realizados por profesionales de la estructura pública, funcionaba bien tal como está.

País Vasco 

Para terminar con el repaso a las políticas impulsadas por las CCAA en materia de farmacia y sanidad, hacemos un repaso por lo acontecido en País Vasco, que no ha sido mucho. O al menos no ha sido mucho lo que ha trascendido. El consejero, Jon Darpón, criticaba, allá por el mes de abril, el "escaso liderazgo y falta de colaboración" del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, algo que relacionaba con un supuesto objetivo del Ejecutivo de Rajoy de impulsar la "centralización". Darpón dejaba claro que el País Vasco no iba a "renunciar en ningún caso a ejercer las competencias otorgadas por el estatuto de Guernika, una ley orgánica".

En mayo, tenía lugar también una respuesta del Departamento de Salud del País Vasco a una serie de preguntas registradas por el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Carmelo Barrio, en relación con los nuevos modelos de pago por medicamentos innovadores. El Departamento que dirige Darpón se mostraba de acuerdo con la búsqueda de modelos alternativos a las patentes para obtener ciertos medicamentos de interés social, una mayor transparencia en los costes de investigación, la moderación de los precios de los fármacos y la sujeción de éstos al valor que aportan así como a las posibilidades económico-financieras de los pagadores, en línea con las demandas que se estaban haciendo a nivel europeo.

País Vasco aceptaría modelos alternativos a las patentes para garantizar fármacos de interés social

Finalmente, cabe destacar la presentación del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023, en el que se definían los ámbitos de actuación en atención oncológica, incluidos aspectos relacionados con los tratamientos farmacológicos, con el fin de mejorar la supervivencia al cáncer. El documento, alineado con los principios del Plan de Salud 2013-2020, fue elaborado con el asesoramiento de grupos de expertos y profesionales sanitarios implicados en la atención de pacientes oncológicos y sus familiares, explicaba la Consejería. Dentro del nuevo plan, además de la apuesta por la humanización de la atención o el abordaje multidisciplinar, destacaba el apartado centrado en el desarrollo sistemas de información para la evaluación de las intervenciones y la toma de decisiones basada en resultados. Así, el primer objetivo en este apartado era "desarrollar y desplegar un modelo de gestión del registro de cáncer que permita el análisis en tiempo real de la información disponible".

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